Derechos del niño en argentina 2020

Los pequeños en Argentina pueden habitualmente gozar del cumplimiento dy también sus derechos. A pesar de ello, los pequeños son frágiles a graves peligros que prosiguen socavando sus derechos. Entre estos peligros se encuentran la pobreza, el trabajo infantil, la explotación y la discriminación.


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Argentina a grandes rasgos

Argentina es un país grandísimo ubicado en la península que se encuentra más al sur del continente sudamericano. Su capital es Buenos Aires. Argentina estaba habitada en sus orígenes por varios grupos diversos de pueblos indígenas. Los Incas habían constestruendos vías hacia las tierras altas del noroeste, mientras que que otros conjuntos indígenas eran sobry también todo cazadores y pescadores nómadas, como los quy también habitaban en el Chaco, los Tehuelches dy también la Patagonia, y los Querandíes y los Puelches (gennakenk) dy también la Pampa.

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Los indios Mapuches, una tribu dy también guerreros que vivían en el extremo sur de la Patagonia, tanto en Argentina como en Chile, fueron la única tribu india quy también no fue jamás conquistada por los españoles. La Argentina actual solo cobró forma tras repetidos y brutales intentos de colonización por parte de los españoles, con mucha injerencia británica, acompañado todo ello por movimientos internos dy también resistencia. Argentina padeció periodos de colonización europea duranty también cerca de trescientos años, desdy también mil quinientos veinticuatro hasta 1816. Esty también hecho ha contribuorate a algunos de los retos que la sociedad argentina sigue encarando hoy en día (Frommer, n.d.; Galleano, 1971).

Durante la “guerra sucia” que tuvo lugar en Argentina entre 1973 y 1983, hasta 30.000 personas sufrieron desapariciones forzosas o fueron asesinadas por el terrorismo dy también estado y por escuadrones dy también la muerty también de extrema derecha, quy también persiguieron a cualquier persona ligada con el socialismo, bajo las órdenes de una dictadura militar (o junta) apoyada por los EEUU durante un largo periodo dy también inestabilidad política y económica. En su historia reciente, Argentina ha pasado por continuos periodos de conflicto político interno y ha estado sometida a gobiernos autocráticos.

Dy también hecho, el país padeció la crisis social y económica más profunda de toda su historia en 2001, con la economía dy también la nación hundiéndosy también absolutamente al año siguiente. Aunquy también la economía argentina sy también recobró de una manera relativamente rápida, llegando a ser una dy también las primordiales dy también América Latina, el país prosigue padeciendo los efectos dy también la crisis a largo plazo (SOS Children’s Villages). Por lo tanto, los derechos del niño sy también despliegan en Argentina en un contexto postcolonial complejo y difícil, la urgencia climática y el nuevo orden neoliberal internacional.<1>

Estado de los derechos del niño

Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) dy también las Naciones Unidas en 1990, y desdy también 1994, la ha integrado en su constitución. Argentina también ha ratificado el Protocolo facultativo dy también la CDN relativo a la venta, la prostitución y la pornografía infantil y el Protocolo Facultativo de la CDN relacionado a la participación dy también niños en los conflictos armados. Argentina ha prohibloco el reclutamiento dy también pequeños menores dy también dieciocho años en enfrentamientos armados, según una afirmación incluida como declaración en el instante de la ratificación del segundo protocolo.

a pesar de haber dado estos pasos cruciales cara el fortalecimiento del marco legal sobry también los derechos del niño en el país, llevó su tiempo implementar una reforma legislativa significativa a nivel nacional quy también consagraría los compromisos detallados en la CDN para la protección dy también los derechos del (International Library of Congress, 2020). Además, Argentina todavía deby también ratificar el pacto de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en temas Ambientales en latinoamérica y el Caribe, que firmó en 2018.


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Tras años de promoción en el tema, en dos mil cinco Argentina aprobó una Ley Nacional para la Protección Integral de los Derechos dy también los Niños, pequeñas y Adolescentes (Ley 26061). Su objetivo es la protección dy también la niñez y los adolescentes, para garantizar el pleno ejercicio y disfrute de sus derechos, concedido por el sistema legal argentino, de esta forma como los tratados internacionales suscritos por el país. Estos derechos protegen la salud, la educación, el ocio y la cultura. La Ley 2seis mil sesenta y uno sienta las bases para un sistema dy también justicia juvenil y hace un llamamiento a fin de que los pequeños institucionalizados sean reinsertados en la sociedad argentina.>

Cada provincia creará mecanismos para proteger a los pequeños del abuso y la explotación. La ley asimismo estableció un conjunto dy también políticas públicas que consideran a las niñas, niños y adolescentes como sujetos con sus propios derechos. Esty también es el primer estatuto integral para la protección de los pequeños en el país, con una clara definición de las responsabilidades dy también la familia, dy también la sociedad y del gobierno respecto a los derechos universales dy también los niños según lo previsto en la CDN (International Library of Congress, 2020).

Abordando las necesidades de los niños

Derecho a la educación

Argentina ha hecho mucho para garantizar el derecho a la educación dy también los niños. La matriculación, tanto en educación primaria como en secundaria, ha crecido en Argentina. La educación primaria es en el país prácticamente universal y los índices son muy altos, con el 100% dy también alfabetización entre los jóvenes de 14 a 24 años (UNICEF, n.d.). Además, el país ha lanzado el “Plan Familia”, un programa dy también campo nacional con la meta dy también prestar ayuda a familias con pocos recursos económicos para que sus hijos puedan asistir a la escuela y recibir atención sanitaria primaria. El proyecto tiene como propósito llegar, en última instancia, a 500,000 familias.

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Dy también conformidad con los compromisos adoptados bajo la CDN, la Ley 26061 regula el derecho dy también los pequeños a la educación como un derecho humano fundamental. La ley estipula el derecho de klos niños a una educación pública gratuita y a lograr su pleno desarrollo como seres humanos y ciudadanos. Este derecho a la educación sy también debe ejercer respetando la creatividad, la cultura y la lengua de origen dy también los niños. La ley asimismo consagra el derecho de los pequeños a acceder y acudir de manera permanente a una instalación educativa cercana a su lugar dy también residencia. Si el niño carece dy también documentos de identidad, deberá ser inscrito de manera provisional en la institución educativa. También se contempla el derecho dy también los pequeños y adolescentes con necesidades especiales o con discapacidades a una educación integral. La educación pública es gratuita en todos y cada uno de los niveles, incluida la educación para los pequeños con necesidades especiales. (International Library of Congress 2020).

Además, Argentina se encuentra, junto con Brasil, entre los países de la región con una dy también las escolarizaciones más largas. Con la enmienda, en 2014, a la Ley nacional de Educación, se establece quy también la escolarización obligatoria asciende a 1cuatro años de educación: desde los cuatro años dy también edad hasta la finalización de la secundaria, a los 18. Los índices de matriculación son altos, don un 99% dy también asistencia en primaria y un 76% en secundaria. Los índices de culminación en primaria también son altos, con un 92%, cosa que ayuda a garantizar el derecho a la educación dy también los pequeños argentinos (UNICEF, 2016; UNICEF, n.d.).

Sin embargo, para muchos niños, el acceso a la educación es aún limitado, mientras que que los índices de abandono escolar y resolicitud son altos en secundaria. Se notifica dy también que, debdesquiciado a una reducción nacional en el gasto en educación, los pequeños con menos recursos económicos en Argentina se han visto afectados por una reducción en el acceso a la escolarización. Por ejemplo, los niños indígenas, los niños apartados y los que viven en zonas urbanas y rurales marginales rural ven su acceso a la educación entorpecdesquiciado dy también manera desmedida (International Library of Congress 2020).

Derecho a la no discriminación

En Argentina, muchos pequeños tienen su derecho a la no discriminación seriapsique amenazado. La discriminación que sufren los pueblos indígenas y las personas desplazadas forzosas continúa siendo un grave problema, mientras que inconvenientes dy también racismo, xenofobia y sexismo asimismo imsolicitan que los derechos dy también muchos niños se respeten totalmente. Amnistía Internacional ha informado de quy también aunquy también la constitución argentina reconocy también el derecho de las comunidades indígenas a sus tierras ancestrales y recursos naturales, la mayoría de las comunidades indígenas aun carecen del reconocimiento legal de sus derechos territoriales.

Trece años después de ser aprobada, la Ley de urgencia Territorial (nº 26.160) aún no había sloco incorporada en su totalidad.”

– Amnistía Internacional, 2019

La ley ha suspendorate desahucios de pueblos indígenas dy también sus tierras, a la espera dy también una investigación dy también todos y cada uno de los territorios indígenas, pero, a finales dy también 2019, el estudio se ha empezado en solo el 38% de las comunidades indígenas. En la provincia de Jujuy se iniciaron proyectos para una potencial extracción dy también litio en las tierras de los pueblos indígenas sin garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas. Dy también hecho, en Salinas Grandes, sy también concedieron licencias para hacer prospecciones en busca de litio sin la adecuada consulta a las comunidades indígenas afectadas que continuaron pidiendo incapacitación sobry también los potenciales efectos de la actividad minera sobry también sus recursos hídricos (Amnistía Internacional, 2019).

Respecto a las personas desplazadas forzosas, el gobierno adoptó un conjunto de medidas regresivas, por medio de normativas y procedimientos, quy también restringen los derechos de los migrantes y facilitan la discriminación y la xenofobia. Pese a haber sorate considerada inconstitucional y haber sorate muy criticada por organismos defensores de los derechos humanos, el decreto 70/dos mil diecisiete modificó la Ley dy también Migración. A consecuencia dy también esto, los migrya antes fueron deportados en números cada vez mayores sin quy también se les facilitaran anteriormente garantías procesales y violando los derechos dy también los migrya antes a la unidad familiar y al interés superior de los menores. Vanessa Gómez Cueva, una mujer peruana madre de tres hijos, fuy también deportada desde Argentina con su hijo de dos años y obligada a dejar atrás a sus otros dos hijos. Únicapsique siety también meses tras encontrarsy también fuera del país recibió permiso para regresar (Amnistía Internacional, 2019).

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En la party también positiva, caby también decir que, en 2010, Argentina fuy también el primer país latinoamericano en despenalizar los matrimonios dexactamente el mismo sexo. La Ley dy también Matrimonio Civil permity también a las parejas del mismo sexo inscribirsy también como matrimonios civiles y les ofrece las mismas protecciones maritales que a las parejas dy también diferente sexo. Desdy también la implantación de la ley, se han casado en el país más de 20.000 parejas del mismo sexo. Además, Argentina aprobó una Ley de Identidad de Género en 2012, consagrando el respeto a la propia identidad y permitiendo a cualquier persona mudar su género y nombre en su tarjeta dy también identidad en su certificado de nacimiento a través de un simply también procedimiento administrativo. Esto significó un avancy también en el camino hacia la protección dy también los derechos de las personas transgénero y en el derecho a la identidad dy también los menores, y en dos mil veinte el Presidenty también Alberto Fernández emitió un decreto estableciendo que, como mínimo, el 1% de los emleados del gobierno federal deberían ser personas transgénero (Human Rights Watch, 2021).